Los representantes de la República Argentina, la República de Bolivia, la República

Federativa del Brasil, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Paraguay, la República del Perú, la República de Suriname, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en la VI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones:

REAFIRMANDO el compromiso de respetar plenamente la declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Sancionar, Erradicar y Prevenir la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) así como otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestros Estados;

ENFATIZANDO la importancia de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, así como sus dos Protocolos sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y sobre Trata de Personas;

TOMANDO EN CUENTA los compromisos asumidos en la IV Cumbre de las Américas y en la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno;

TENIENDO EN CUENTA la Declaración de Santiago sobre Principios Migratorios (16/5/2004), la Declaración de Montevideo contra la Trata de Personas en el MERCOSUR y Estados Asociados (16/11/2005), la Declaración de Asunción sobre Tráfico de Personas y Trafico Ilícito de Migrantes (8/6/2001), el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, Bolivia y Chile (6/12/2002), el Acuerdo sobre Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados, Bolivia y Chile (6/6/2003), el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR (20/06/2005) y otros documentos relativos al tema adoptados en el ámbito del MERCOSUR, así como la Carta Andina de Derechos Humanos y otros avances registrados en numerosas Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones sobre temas migratorios;

TENIENDO PRESENTE el Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y Desarrollo, y las anteriores Conferencias Sudamericanas sobre Migraciones (CSM), y el valor de los consensos alcanzados en las sucesivas Conferencias;

TENIENDO EN CUENTA que en la Declaración del Milenio se renovó el compromiso de adoptar medidas para respetar y proteger los derechos humanos de los migrantes, los trabajadores migratorios y sus familiares, eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades;

REAFIRMANDO los compromisos que los Estados tienen de brindar y promover la protección internacional a los refugiados, asilados y desplazados, tal como esta previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo complementario de 1967 y otros instrumentos internacionales existentes sobre la materia;

CONSIDERANDO que la región sudamericana está integrada por países de origen, tránsito y/o destino de migrantes,

CONSIDERANDO, en forma especial, el valor que los países sudamericanos han otorgado a las corrientes migratorias recibidas, las cuales han hecho invalorables aportes culturales, económicos, sociales en la construcción de nuestros países.

Que siendo en la actualidad también una región de origen de las migraciones, preocupa la situación de nuestros connacionales en terceros países, para los que requerimos un tratamiento recíproco al que reciben los nacionales de esos países en nuestros territorios.

Que sin perjuicio de reconocer el derecho a emigrar que tiene toda persona, es deber de nuestros gobiernos y sociedades de generar las condiciones que eviten la emigración de nuestros connacionales, los cuales constituyen un capital humano indispensable para el futuro de nuestro desarrollo económico y social.

Que consecuentemente con lo señalado, existen sustanciales avances tanto en el ámbito regional del MERCOSUR, la CAN y la CASA, así como la adopción de medidas unilaterales por parte de algunos de los Estados, en aspectos muy relevantes, tales como:

- Facilitación del otorgamiento de la residencia;

- Regularización de migrantes;

- Libre circulación de personas;

- Lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y trata de personas;

- Documentación de migrantes;

- Tratamiento igualitario entre nacionales y extranjeros;

- Respeto por la diversidad cultural de los migrantes;

- Mecanismos de coordinación de la gestión migratoria entre los países de origen y de destino, dentro de la región;

- Armonización de normas en materia migratoria;

- Protección del migrante frente a distintas prácticas de discriminación y de explotación laboral;

- Rechazo a la criminalización de la irregularidad migratoria;

- Cooperación bilateral para el manejo ordenado de los flujos migratorios y otro tipo de cooperación multilateral en la materia;

- Reconocimiento de derechos civiles, económicos, sociales y culturales.

En función de esa experiencia, es que los países sudamericanos exhortan a la comunidad internacional a trabajar en políticas migratorias, fundamentadas en la dimensión ética del respeto de los derechos humanos y orientadas al desarrollo integral de los individuos y sus sociedades

DESTACANDO la voluntad de nuestros países de presentar una posición consensuada al Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, a realizarse en Nueva York el 14 y 15 de septiembre de 2006, en ocasión de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas; y a otros foros;

REAFIRMAR como objetivos básicos en temas migratorios, los siguientes:

1. Respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los migrantes, especialmente los de la mujer migrante y menores no acompañados, con independencia de su situación migratoria, dentro del marco legal de cada país y conforme a los principios universales, instrumentos internacionales y regionales de protección de las personas, en especial:

b) Instando a los gobiernos de los países receptores a realizar los máximos esfuerzos para regularizar la situación de los migrantes que se encuentran residiendo en condición de irregularidad.

c) Trabajando por el reconocimiento de los derechos ciudadanos de los migrantes tanto de los países de origen como de destino a una ciudadanía ampliada (derecho al sufragio cuando la legislación nacional lo permita) de los migrantes, tanto en sus países de origen como en los de llegada destino.

2. Incluir de manera prioritaria en la agenda de las reuniones bilaterales, regionales e internacionales, el tema de la migración y el desarrollo, resaltando:

a) Que la pobreza y la falta de oportunidades así como las brechas de ingreso y las diferentes condiciones de vida entre las regiones resultan una de las causas fundamentales de las migraciones.

b) La necesidad de incorporar los aspectos migratorios en el contexto de otras agendas internacionales referidas a temas que inciden en las causas de los movimientos de población, tales como: el comercio internacional, el desarrollo humano, el medio ambiente, el uso de las tecnologías, la cooperación internacional para el codesarrollo, la salud y el trabajo.

c) Fortalecer la cooperación entre países receptores y de origen de migrantes para que contribuya a la legalidad y ordenamiento de los flujos migratorios.

3. Promover el trabajo coordinado y consensuado entre los Estados a fin de lograr la gobernabilidad migratoria a través de:

a) Reafirmar el valioso aporte de los migrantes en los países de acogida así como la necesidad de fomentar en dichos países programas que faciliten la integración de los migrantes, respetando las identidades culturales y previniendo la discriminación, la xenofobia y el racismo.

b) Rechazar enfáticamente la criminalización de la irregularidad migratoria y su posible tratamiento como un hecho punible desde el derecho penal.

c) Facilitar la vinculación de los emigrados con sus países de origen, de forma tal que permita la transferencia de habilidades y oportunidades de inversión para contribuir al desarrollo de sus comunidades, al mantenimiento de la cultura de origen y a la organización de las colectividades de migrantes en las sociedades de acogida.

e) Facilitar y promover la reducción de costos de las transferencias de las remesas, reconociendo que las mismas constituyen flujos privados de fondos hacia los países de origen.

f) Reconocer que parte de los frutos del esfuerzo de inversión pública en educación de los países en desarrollo son transferidos a los países de destino, en particular, en el caso de la emigración altamente calificada, es preciso que ese flujo sea tomado en cuenta en las áreas pertinentes de cooperación y negociación internacional, independientemente de la ayuda oficial al desarrollo.

g) Promover medidas que tiendan a la reunificación familiar.

h) Incrementar los esfuerzos para combatir, sobre la base del principio de la responsabilidad compartida y considerando especialmente la vulnerabilidad de las víctimas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de menores y otras formas de delitos transnacionales conexos, de acuerdo con los instrumentos internacionales y en el marco de la cooperación regional, así como tipificar los referidos delitos en las respectivas legislaciones nacionales para enfrentarlos en forma efectiva.

i) Invitar a los representantes de la sociedad civil a coadyuvar en la formulación, aplicación y supervisión de políticas y programas en materia migratoria.

j) Fortalecer el diálogo y la concertación política en todos los ámbitos regionales existentes y estableciendo a ese efecto reuniones anuales de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.

k) Reiterar la necesidad de profundizar la coordinación y cooperación existente entre los organismos internacionales que se ocupan del tema migratorio.

4. Los países participantes encomiendan a la Presidencia Pro-Témpore, a cargo de la República del Paraguay, transmitir a la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas la presente Declaración, como contribución sudamericana al Diálogo de Alto Nivel, a la Secretaría General Iberoamericana, como insumo al Encuentro Iberoamericano sobre Migraciones, a realizarse en Madrid, España, el 18 y 19 de julio próximos, y a la Conferencia Internacional Especial, a nivel ministerial, de Países en Desarrollo con Flujos Sustanciales de Migrantes, que se llevará a cabo en Lima, Perú el 15 y 16 de mayo próximos.

5. Instamos a los distintos organismos internacionales a brindar asistencia a los países de la Región en el cumplimiento de los compromisos asumidos.

6. Agradecemos el ofrecimiento de la República Bolivariana de Venezuela como sede de la VII Conferencia Sudamericana que se celebrará en el año 2007 en fecha y luga r a confirmar a través de la Presidencia Pro-Témpore.